La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta urgente frente a la creciente expansión del Clan del Golfo en Antioquia, que ha desatado una grave crisis humanitaria en varias subregiones del departamento.
El agravamiento del conflicto entre el Clan del Golfo (o EGC como se hacen llamar ahora), con las disidencias del Frente 36 y el ELN, que han establecido alianzas con otras estructuras armadas para disputar el control de zonas estratégicas, deja como principales afectados a las poblaciones del Bajo Cauca, Nordeste, Norte, y Suroeste antioqueño, además del sur de Bolívar.
Uno de los hechos más recientes tuvo lugar en Briceño, Norte de Antioquia, donde los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias del Frente 36 dejaron 135 personas desplazadas hacia el casco urbano de Yarumal, entre los desplazados se encuentran 41 menores de edad y 22 adultos mayores.
A esta tragedia se suma el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos mujeres secuestradas el pasado 23 de enero, los cadáveres fueron encontrados en la vía que conduce al corregimiento de Ochalí, Yarumal. Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias de los asesinatos para determinar si se trata de feminicidios.
La Defensoría del Pueblo recordó que ya había advertido sobre el alto riesgo que enfrentaba la población civil en esta región, mediante una alerta temprana emitida en enero de 2020 y reforzada con un informe de seguimiento en 2022. Dichas advertencias señalaban el fortalecimiento de los grupos armados en la zona y los riesgos crecientes para las comunidades.
En el Bajo Cauca, especialmente en El Bagre, el corregimiento de Puerto López y la Serranía de San Lucas, la situación es igualmente alarmante, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y una alianza conformada por el ELN y las disidencias del Frente 36, lideradas por alias “Calarcá Córdoba”, han generado desplazamientos masivos, confinamientos, extorsiones y el reclutamiento de menores.
La disputa entre estos grupos se centra en el control de rutas estratégicas y yacimientos mineros, lo que agrava aún más la crisis humanitaria de la región. Entre los casos más recientes reportados por la Defensoría se encuentran el desplazamiento de 42 familias en Bocas de Chicamoqué, 50 familias en la vereda El Socorro y cuatro familias en la vereda La Ahumada.
