San Carlos, un municipio del Oriente antioqueño, se ha convertido en un epicentro de la minería ilegal, una problemática que afecta el medioambiente y fortalece económicamente a grupos armados ilegales. En una reciente operación militar, el Ejército y la Policía lograron desmantelar cinco unidades de extracción de oro que pertenecerían al Clan del Golfo.
Golpe a la minería ilegal en San Carlos
Las tropas del Batallón Especial, Energético y Vial N.° 4 de la Cuarta Brigada del Ejército, en coordinación con la Unidad contra la Minería Ilegal de la Policía Nacional, llevaron a cabo la operación en la vereda La Holanda, una zona de gran riqueza hídrica. Durante el procedimiento se incautaron cinco dragas tipo buzo y cinco motores utilizados para la extracción ilegal de oro, equipos valorados en más de $300 millones, según informó el brigadier general Jorge Hernández Vargas, comandante de la Cuarta Brigada.
De acuerdo con las autoridades, estas unidades mineras desarticuladas permitían la extracción de más de 4.000 gramos de oro mensuales, generando ingresos superiores a los $1.600 millones para la Subestructura Pacificadores de Samaná, del Clan del Golfo. Esta actividad ilícita no solo representaba un beneficio económico para el grupo armado, sino que también estaba ocasionando daños ambientales irreversibles en la región.
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Impacto ambiental de la minería ilegal
La expansión de la minería ilegal en el Oriente antioqueño ha puesto en riesgo ecosistemas fundamentales para la regulación del agua y la biodiversidad. La deforestación, la contaminación de fuentes hídricas y la destrucción del hábitat de especies endémicas son algunas de las principales consecuencias de estas prácticas ilegales.
Además, el Oriente antioqueño juega un papel clave en la generación de energía para el país, al aportar el 30 % de la energía hidroeléctrica nacional, sin embargo, la contaminación generada por la minería ilegal amenaza la estabilidad de estos recursos, comprometiendo el equilibrio ecológico y el suministro de agua potable para comunidades enteras.
El Ejército y la Policía han intensificado las acciones contra la minería ilegal en la región, logrando importantes decomisos y capturas. Sin embargo, la problemática sigue vigente y requiere de estrategias a largo plazo que combinen esfuerzos operacionales con soluciones estructurales, como la generación de alternativas económicas para las comunidades afectadas.
