Un juzgado especializado declaró responsable al exjefe guerrillero por crímenes cometidos en 1997 en zona rural de Turbo
Un juzgado penal especializado de Antioquia condenó a Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez, a 37 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado. La decisión se adoptó tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación sobre hechos ocurridos el 2 de julio de 1997 en zona rural de Turbo.
Crímenes contra integrantes del Ejército
De acuerdo con la investigación, para la época de los hechos Iván Márquez integraba el secretariado de las extintas FARC EP y era señalado como máximo cabecilla del Bloque Noroccidental. Ese día se produjo un enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y los frentes 5, 18, 57 y 58 del grupo armado ilegal.
Durante el ataque fueron asesinados cuatro integrantes de la Brigada XVII. Inicialmente resultaron heridos el capitán Carlos Enrique Vidal Aponte y los soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz, quienes fueron trasladados para recibir atención del enfermero de combate Fabio Pineda Serna. Según la Fiscalía, hombres armados irrumpieron en el lugar donde eran atendidos, secuestraron a cinco uniformados y posteriormente asesinaron a los tres militares heridos y al enfermero.
En el mismo hecho fue retenido el sargento Pedro José Guarnizo Ovalle, quien permaneció en cautiverio hasta el 5 de mayo de 2003, cuando fue rescatado por las autoridades.
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Investigación y alcance de la sentencia
La investigación fue liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que recopiló testimonios y demás elementos probatorios para sustentar la responsabilidad del excomandante guerrillero. El ente acusador sostuvo que las acciones violentas respondieron a directrices impartidas por Márquez para ejecutar homicidios y secuestros con fines extorsivos contra miembros de la fuerza pública.
Con esta sentencia de Iván Márquez, la justicia avanza en el esclarecimiento de crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en el Urabá antioqueño y fija responsabilidad penal por estos hechos. No obstante, la ejecución de la condena enfrenta incertidumbre debido a que se desconoce el paradero actual del condenado.
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