Después de que el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón diera a conocer su proyecto de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que consiste en una sobretasa a la seguridad que se cobraría con los servicios públicos de los estratos 4, 5, y 6 del departamento, y los sectores Comercial, Industrial y Oficial; EPM ha manifestado su desacuerdo con la Gobernación, asegurando que el proyecto es inviable y no está respaldado por las leyes suficientes para llevarse a cabo.
En un comunicado del Gerente General de EPM, John Maya Salazar, afirma que los entes territoriales en Colombia no tienen autonomía fiscal plena; lo que implica que cualquier imposición de tributos debe contar con una autorización plena expresa de una ley nacional que, asegura, no existe.
Por otro lado, la secretaria General, Martha Patricia Correa, dice que un artículo de la Ley 2272 de 2022 faculta a los departamentos y municipios para crear tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondo-cuentas territoriales de seguridad y, aunque al principio esta ley sólo permitía que los entes territoriales recaudaran este tributo, el año pasado la Corte Constitucional expandió su aplicación a todos los municipios y departamentos del país mediante una sentencia. Además, asegura que la propuesta está sujeta a los principios constitucionales en materia tributaria, según un análisis jurídico del proyecto llevado a cabo por la Federación Nacional de Departamentos (FND). “La Ordenanza contempla la temporalidad de la tasa porque va amarrada a un Plan de Desarrollo, por eso se cobrará hasta el 31 de diciembre del 2027, en caso de que se apruebe”, expresó Correa.
Maya manifiesta que “la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana no cuenta con una autorización específica en las leyes 142 o 143 de 1994 ni en los Decretos 2223/1996 y 828/2007, cuerpos normativos que prohíben incluir en la factura de servicios públicos domiciliarios cobros diferentes a los relacionados con la prestación de los mismos. Su incorporación en la factura contravendría los principios de destinación específica, legalidad tributaria, y transparencia, pilares del régimen de los servicios públicos en Colombia… Además, esta situación podría generar inseguridad jurídica tanto para EPM como para los usuarios, conllevando conflictos legales, e investigaciones administrativas a EPM por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, derivados de la falta de una base normativa sólida que sustente la obligación del recaudo.”
Cabe resaltar que la medida propone que los usuarios residenciales de los respectivos sectores incluidos en el proyecto, pagarían alrededor de $80 por kilovatio hora consumidos. Aunque el Gobernador asegura que este impuesto no recaería sobre el 85% de los antioqueños (correspondientes a los exentos estratos 1, 2 y 3) y que en la mayoría de los clientes industriales y comerciales no sobrepasaría los $30.000 al mes, EMP sostiene su preocupación y rechazó la propuesta y explica las posibles consecuencias en caso de aplicarse, como la reducción de la capacidad de pago de los usuarios, el aumento de los niveles de morosidad, conexiones fraudulentas y suspensiones del servicio, además de los cientos de miles de familias y entidades que se verían afectadas.
Aunque diversos alcaldes del departamento expresan su apoyo al gobernador por la inversión que esto podría significar en tecnología que favorezca la seguridad del departamento, otros mandatarios critican el proyecto por el impacto económico que puede tener para las familias, comerciantes y empresarios de cada municipio.
