Operativos en Bello y Medellín dejan tres capturados por presunto tráfico de estupefacientes

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, llevó a cabo operativos contra el tráfico de estupefacientes. Durante el desarrollo de la operación, se realizaron cinco diligencias de registro y allanamiento, logrando impactar las finanzas de tres estructuras delincuenciales dedicadas a esta actividad ilegal.

El primer procedimiento se realizó en el municipio de Bello, donde se identificó una vivienda utilizada como centro de almacenamiento y dosificación de drogas. Allí fue capturado un hombre de 23 años, a quien se le habría hallado más de 700 dosis de marihuana y drogas sintéticas, un arma de fuego y 42 cartuchos calibre 9mm, además de elementos utilizados para el procesamiento de estupefacientes.

En Medellín, las autoridades intervinieron un inmueble en el barrio Belén La Palma, el cual era usado para el almacenamiento de ketamina, sustancia empleada en la fabricación de 2CB, en el lugar fueron incautados 100 frascos de esta sustancia y documentos que evidenciaban su comercialización. Durante el operativo fue detenida una mujer de 52 años, quien estaría encargada de coordinar la distribución de estas sustancias, que eran vendidas en discotecas, universidades y vías públicas de la ciudad.

El tercer allanamiento se realizó en el barrio San Martín de Porres, en la comuna 5-Castilla, donde la Policía halló un punto de almacenamiento y dosificación de drogas, en la vivienda fueron incautados 18 cartuchos calibre 38, 740 gramos de base de coca, 909 gramos de droga sintética y 3.702 gramos de marihuana. En el sitio fue capturado un hombre de 29 años, quien enfrentará cargos por fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Las investigaciones apuntan a que los dos hombres y la mujer capturados estarían vinculados a estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes, desempeñando roles en el almacenamiento, dosificación y distribución de las sustancias, tras su captura, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, posteriormente, un juez ordenó su reclusión en un centro carcelario.