Mauricio Cano Carmona, alcalde de Caldas, está siendo investigado por la Procuraduría General de la Nación por posible conflicto de intereses en un fallo judicial que no permite labores de más de 300 taxistas de diferentes empresas prestadoras de servicio público adscritas al municipio.
La entidad investiga si Cano, no habría hecho una defensa suficiente para lograr nulidad en fallo que impide el trabajo de 318 taxistas y que favorece a una empresa en la que, al parecer, el mandatario es socio.
Los taxistas están siendo afectados desde el mes de abril por un fallo judicial generado por una demanda que interpuso la empresa Flota Caldas, y, de la cual, el alcalde es socio mayoritario.
De acuerdo al fallo, la salida de circulación de los taxis debe ser a más tardar hasta el 31 de julio del presente año.
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