Un nuevo informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) vuelve a encender las alarmas sobre la violencia contra líderes sociales en Antioquia, una problemática que, lejos de disminuir, se ha mantenido constante en varias subregiones del departamento durante 2025.
De acuerdo con el reporte, Antioquia sigue siendo uno de los departamentos con mayor número de agresiones, amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. El documento señala que las subregiones del Bajo Cauca, el Nordeste y el Urabá concentran gran parte de los hechos violentos, donde la presencia de estructuras armadas ilegales continúa afectando la seguridad de quienes promueven procesos sociales y ambientales.
El informe también advierte que, en muchos casos, las víctimas habían denunciado previamente amenazas sin recibir una respuesta efectiva de las autoridades. La falta de protección y la lenta acción institucional agravan el riesgo en territorios donde el control social y económico sigue en disputa entre grupos armados.
Organizaciones sociales de Antioquia expresaron su preocupación por el impacto de esta situación en el liderazgo comunitario. En municipios como Cáceres, Tarazá, Ituango y Apartadó, varios líderes han tenido que desplazarse por temor a ser asesinados. “Nos están silenciando uno a uno. Ya no se puede hablar de defensa del territorio sin sentir miedo”, expresó un vocero de una asociación campesina del Bajo Cauca.
El documento de Indepaz hace un llamado urgente al Estado colombiano para fortalecer las rutas de protección colectiva, garantizar presencia institucional real y brindar atención integral a las familias de las víctimas. Además, recomienda que los programas de sustitución de economías ilegales y restitución de tierras cuenten con acompañamiento permanente de las autoridades, para reducir los riesgos que enfrentan las comunidades.
