El contrabando de cigarrillos en el país llegó a su punto más alto en los últimos 15 años, con una incidencia del 38 % en 2025, según un estudio de la firma Invamer. Este fenómeno está generando un fuerte impacto en las finanzas territoriales, especialmente en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Bolívar.
Los recursos que se dejan de recaudar provienen principalmente del impuesto al consumo, afectando directamente la inversión en sectores como salud, educación, recreación y deporte.
Antioquia, el departamento más afectado
De acuerdo con el informe, Antioquia es la región con mayores pérdidas económicas por este delito, con más de $420.000 millones anuales. Además, registra una incidencia del 51 %, lo que significa que uno de cada dos cigarrillos consumidos en el departamento es ilegal.
En segundo lugar se encuentra el Valle del Cauca, con pérdidas cercanas a los $92.994 millones, seguido por Bolívar, con $90.077 millones y una incidencia del 71 %, una de las más altas del país.
En conjunto, estas tres regiones superan los $603.000 millones en pérdidas al año, más de la mitad del total nacional estimado en $1,18 billones.
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Un fenómeno ligado al crimen organizado
Desde la Federación Nacional de Departamentos advierten que el contrabando de cigarrillos no es un delito menor, sino que está relacionado con economías ilegales como el narcotráfico y el lavado de activos.
Según su director, Didier Tavera, el crecimiento de este fenómeno también se refleja en el aumento de la violencia en varias regiones del país.
Consumo y mercado ilegal de cigarrillos en aumento
El estudio también revela que el 73 % de los ciudadanos no está dispuesto a pagar más por una cajetilla legal, lo que dificulta el aumento del recaudo. Esta situación, sumada a las diferencias de precio, favorece el crecimiento del mercado ilegal.
Entre las marcas de contrabando que más presencia tienen en el país están Rumba, con el 12,8 %, y Carnival, con el 6,3 %, mientras que otras como Cherokee empiezan a ganar terreno.
Las cifras reflejan un panorama complejo que sigue desfinanciando a los departamentos y plantea retos para las autoridades en la lucha contra este delito.
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