Más de siete años después del incendio que arrasó el Bloque 27 de la Central Mayorista, conocido como Las Malvinas, un juzgado de Medellín responsabilizó a la Alcaldía y a la administración del complejo por omisiones en la prevención del siniestro. La sentencia, de primera instancia, ordena una millonaria indemnización a favor de los comerciantes afectados.
El Juzgado 17 Administrativo Oral del Circuito de Medellín emitió el fallo el pasado 6 de junio, declarando al Distrito Especial de Medellín y a la Central Mayorista responsables administrativa y patrimonialmente por los daños del incendio ocurrido en julio de 2017. Según la decisión, deberán pagar en total \$66.071 millones: el 70% lo asumirá el Distrito y el 30% la Mayorista. El municipio de Itagüí quedó exento.
Causas del incendio y omisión institucional
La acción judicial fue presentada en 2019 por 160 comerciantes de los cerca de 400 afectados, quienes alegaron que el fuego fue causado por fallas en las redes eléctricas, sin intervención humana directa. El tribunal encontró probada la omisión institucional frente a alertas reiteradas —desde 2007— sobre sobrecargas, chispas y el deterioro de las instalaciones eléctricas.
El fallo también reprocha la ausencia de planes de prevención y atención de emergencias, y descarta que el incendio haya sido un hecho imprevisible. Para la justicia, fue consecuencia directa de la negligencia estatal.
Propiedad del bloque y responsabilidad de Medellín
Aunque el Bloque 27 está en Itagüí, la propiedad pertenece a Medellín, desde que Empresas Varias lo cedió en 2013. Como propietario de un bien público de uso comercial, Medellín tenía el deber de velar por su seguridad.
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Denuncias contra Itagüí y reconstrucción
Los comerciantes también denunciaron a la ciudad de Itagüí durante el gobierno de León Mario Bedoya, quien fue objeto de polémicas durante la reconstrucción del hoy Bloque Naranja, pues por más de 3 años las personas afectadas se vieron vendiendo sus productos en carpas, al aire libre y sin seguridad para sus negocios y trabajadores. La Central Mayorista, como administradora, también fue hallada corresponsable por no garantizar el mantenimiento adecuado ni exigirlo al dueño.
Indemnización por daños y procedimiento de pago
La sentencia ordena indemnizar a los demandantes por lucro cesante y daño moral, pero no reconoció el daño emergente por falta de evidencia confiable. Cada uno de los 196 demandantes identificados recibirá hasta 100 salarios mínimos por daño moral, y el monto global será entregado al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, que hará los pagos individuales.
La Central Mayorista, en conversación con Antioquia Hoy, afirmó que se encuentran en manos de su equipo jurídico, quienes apelarán la decisión del juzgado en esta primera instancia.
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