La Alcaldía de Medellín ha mostrado su rechazo al proyecto de un nuevo impuesto de seguridad en Antioquia, que se pretende cobrar a través de los servicios públicos. El proyecto, que será discutido en la Asamblea Departamental en los próximos días, busca financiar mejoras en la infraestructura de seguridad.
La principal preocupación de Medellín radica en el impacto que este nuevo tributo podría tener en las tarifas de energía, especialmente en un contexto de incertidumbre sobre el suministro eléctrico para 2025. EPM, la empresa de servicios públicos de la ciudad, también ha expresado malestar por no haber sido consultada sobre el proyecto, que podría afectar a los medellinenses con un incremento en sus facturas.
El alcalde Federico Gutiérrez y los funcionarios de EPM consideran que la creación de este impuesto sería un golpe a la economía, especialmente si se toma en cuenta que las tarifas de energía ya han subido en los últimos 12 meses. Además, se teme que este tributo afecte aún más a la región en un año en el que podrían presentarse escasez de gas y posibles aumentos en los precios de la energía.
En la ciudad, también muchos consideran que este impuesto podría generar más problemas que soluciones.
El gobernador Andrés Julián Rendón, por su parte, ha defendido la necesidad de buscar fuentes de financiación para la seguridad en Antioquia, ante la falta de apoyo del Gobierno Nacional. Sin embargo, las diferencias con Medellín podrían complicar la aprobación del proyecto en la Asamblea, que decidirá su futuro en los próximos días.
