Una grave denuncia se da a conocer en plena semana de la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Se trata de Camilo Salas Santos, quien desde septiembre de 2023 se desempeña como comunicador social de la Personería de Medellín y fue condenado en enero del 2016 por ser el autor material de una tentativa de homicidio agravado tras apuñalar 30 veces a su pareja, que se encontraba embarazada.
Este hombre, que desempeñaba su cargo como funcionario público aún estando inhabilitado para ejercer, fue condenado a 8 años de prisión, de los cuales sólo pagó 4 y una indemnización de 15 millones de pesos a la víctima.
Por una sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación, Salas Santos estaría inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el 13 de febrero de 2025. Sin embargo, ha salido a la luz un documento falsificado con el que supuestamente habría pasado el proceso de contratación.
Los hechos por los que Salas fue condenado se remiten a 2015, cuando presuntamente elaboró un plan para acabar con la vida de Ruby Solanny Guisao Guisao de 23 años y con 7 meses de embarazo, a quien le habría solicitado en varias ocasiones que abortara. Iban hacia una supuesta reunión en el municipio de La Estrella cuando el acusado fingió que su carro estaba dañado, aparecieron dos hombres en motocicleta, bajaron a la mujer del vehículo y le propinaron más de 30 heridas con arma blanca en la espalda. Según declaró Ruby, mientras los hombres la estaban apuñalado Salas huyó en el carro que supuestamente estaba averiado.
Se señala la violación de varias leyes, incluyendo la falsedad de documento privado, falsedad material en documento público y la vulneración del régimen constitucional de incompatibilidades e inhabilidades para ocupar cargos públicos. Ante este escándalo el personero de Medellín, Mefi Rave, sacó a la luz un certificado de la Procuraduría General, aportado por Salas Santos en la plataforma SECOP II para su contratación en la entidad. Al confirmar la falsedad del documento Salas fue destituido de su cargo recientemente.
Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez expresó que cada entidad pública tiene la responsabilidad de verificar los antecedentes de las personas que contratan, señalando que, si una persona falsifica un documento para una vinculación, no solo tiene que ser expulsada, sino que debe ser demandada penalmente. “descubrimos nosotros que esa persona había cometido un delito de estos tan grave, inmediatamente no se le da la certificación y es expulsado, así ocurrió, eso es lo único que yo tengo que decir”.
